La difamación de nuestro prestigio social o empresarial es un valor esencial en la sociedad del siglo XXI, siendo pacífico que las sociedades mercantiles tienen una manifestación de estos derechos en el prestigio profesional. En esta sociedad es más cierto que nunca, que la buena fama se gana en años y se pierde con inmediatez, afectando a la esfera personal y económica de la persona, máxime con el auge de las nuevas tecnologías, que pueden permiten apaleamientos públicos por cualquier noticia falsa e inveraz. Según la gravedad del ataque a estos derechos, serán competentes los jueces penales, los civiles o los administrativos, siendo el penalista el mejor que puede valorar, la posible gravedad para acudir a la vía penal, a la civil en defensa al derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, así como, denunciar a la agencia española de protección de datos, según la entidad del atropello a estos derechos. En la esfera penal, los más habituales son:

• Descubrimiento y revelación de secretos.
• Injurias y calumnias.